BUENOS AIRES -- Argentina designará el 28 de agosto a los dos científicos que integrarán el comité binacional junto a colegas de Uruguay para monitorear a partir de septiembre una planta productora de celulosa, anunció el jueves el canciller Héctor Timerman, en momentos en que ambientalistas argentinos amenazan con retomar la protesta contra la fábrica.
"La Argentina está avanzando en la elección (de los científicos) y el 28 de agosto vamos a informar", dijo Timerman en rueda de prensa.
La creación de un comité científico conjunto para monitorear el Río Uruguay y todos los establecimientos agrícolas, industriales y centros urbanos en los márgenes de ese curso de agua compartido fue acordado por los dos gobiernos a fines de julio.
Así se buscó poner fin a la larga disputa diplomática por la instalación de la fábrica de celulosa finlandesa UPM, ex Botnia, en la localidad uruguaya de Fray Bentos, lo que provocó la protesta del gobierno y de ambientalistas argentinos.
Estos últimos mantuvieron cortado un puente fronterizo sobre el Río Uruguay durante más de tres años en protesta por la celulosa. Finalmente accedieron a despejarlo a mediados de junio durante 60 días, pero bajo amenaza de retomar la protesta si sus peticiones no eran atendidas.
Los ambientalistas de Gualeguaychú, población situada frente a la localidad uruguaya donde se encuentra la planta, declararon el fin de la tregua y anunciaron el jueves que la semana próxima realizarán una asamblea para debatir si vuelven a cortar el puente.
Para ellos, el acuerdo firmado por ambos países no contempla un seguimiento permanente de las actividades de la fábrica UPM y tampoco incluye mecanismos suficientemente rigurosos para el monitoreo de la planta.
En la víspera, Timerman explicó que "los asambleístas tienen que estar conformes con las medidas" y que "los científicos sabrán lo que hay que hacer y determinar si contamina o no".
Uruguay ya habría definido a sus dos representantes en el comité científico, según reportes de la prensa uruguaya.
Por otra parte, Timerman adelantó que el gobierno podría recurrir a la justicia para frenar la construcción de una represa en el arroyo Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes y que desemboca cerca de la frontera con Uruguay.
Según el canciller, el proyecto amenaza el ecosistema de la zona ya que 8.000 hectáreas quedarían anegadas "con el único fin de proveer agua a dos emprendimientos privados que se dedican a la producción de arroz".
"El gobierno de Uruguay está preocupado por esta situación, pero tiene plena confianza en que la Argentina va a actuar con todo el rigor", dijo Timerman
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