Las pruebas de los delitos de lesa humanidad en el caso Papel Prensa

Las pruebas de los delitos de lesa humanidad en el caso Papel Prensa
La justicia pedirá los documentos revelados por Tiempo Argentino
La investigación que dio a conocer los encuentros entre los directivos de Clarín, La Nación y La Razón con el torturador de la familia Graiver conmovió al ambiente político. Será estudiada por la Secretaría de Derechos Humanos.



La investigación que Tiempo Argentino publicó ayer prueba que Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos (presidentes de los directorios de Clarín, La Nación y La Razón) se reunieron el 7 y el 9 de abril de 1977 con el jefe militar que mantenía cautiva a la familia del dueño de Papel Prensa. La noticia recorrió el espiral político (ver Opiniones) y se multiplicó en las redes sociales digitales. Fuentes de la Fiscalía Federal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata, que entiende en la causa en que se investiga la represión en el centro clandestino de detención Puesto Vasco, confirmaron que en las próximas horas pedirán la documentación.
La noticia sorprendió a los fiscales, mientras se preparaban para recibir a otro de los testigos, el ex testaferro de David Graiver, Rafael Ianover, quien dará su testimonio el miércoles, en el mismo ámbito en que lo hizo la semana anterior la viuda del empresario, Lidia Papaleo.
Las revelaciones también son estudiadas en estos momentos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que prepara su querella, sobre la base del informe Papel Prensa- La Verdad, para ser presentada en los próximos días.
Los documentos revelados en la edición del domingo por Tiempo Argentino demuestran que el militar encargado de los interrogatorios a la familia Graiver en el centro clandestino de detención Puesto Vasco se reunió, en las horas previas a esas sesiones de tortura, con los directores y asesores letrados de Clarín, La Nación y La Razón. El objetivo de esos encuentros era “producir sendos informes” y “preparar los interrogatorios a celebrar el 11 de abril de 1977”. Todo quedó registrado en las órdenes que Oscar B. Gallino, general de brigada, oficial Superior Preventor, escribió el 7 y el 9 de abril de 1977.
En las actas no figuran los nombres de los representantes de los tres diarios que compraron a bajo precio, en sintonía con la jefatura de las Fuerzas Armadas, las acciones de Papel Prensa. Pero Gallino especifica sus cargos: presidentes de directorio. Tal cual consta en el Boletín Oficial, en aquella época, esos sillones estaban ocupados por Héctor Horacio Magnetto (Clarín), Bartolomé Luis Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón).
Después de la elaboración de “los interrogatorios”, el Consejo de Guerra Especial Estable N° 2, del Comando Zona 1 (a cargo del primer cuerpo del Ejército) interrogaba a los miembros de la familia Graiver y a sus empleados que habían sido detenidos. Luego se realizaba una “prevención sumarial” (un expediente) con los resultados de las declaraciones que tomaba bajo tormentos Oscar Gallino.
Otros papeles, dados a conocer por este diario, prueban que además de controlar los movimientos, la información y a los vendedores de Papel Prensa (a quienes secuestraron), Gallino abrió una cuenta en el Banco Nación para depositar, a su nombre, más de tres millones de pesos que eran propiedad de la familia Graiver. También los despojó de dinero en efectivo, cheques y acciones de diferentes empresas. Al día siguiente, un acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA” deja asentado el plan: “evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión”.
El 8 de marzo de ese mismo año, 1977, secuestraron a Juan Graiver, padre de David, dueño de Papel Prensa. A la semana siguiente, el 14 de marzo, se produjeron los secuestros de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, junto a las secretarias de su esposo Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi. El 4 de abril, Jorge Rubinstein –la única persona que podía manejar Papel Prensa después de la muerte de David Graiver– murió mientras lo torturaban. El 7 y el 9 de abril, Gallino se reunió en su despacho con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón. Según dejó asentado, el encuentro le sirvió para preparar el interrogatorio del 11 de abril de ese mismo año.

Ofensiva de Magnetto y Mitre para obstruir la investigación judicial

La apropiación de las acciones de Papel Prensa
Ofensiva de Magnetto y Mitre para obstruir la investigación judicial
Publicado el 7 de Septiembre de 2010
Por Equipo de Política de Tiempo Argentino
Tras la publicación en Tiempo Argentino de los documentos que prueban sus encuentros con los interrogadores de los Graiver, los ejecutivos desplegaron una estrategia defensiva. En los hechos, implica considerarse imputados.

Los documentos revelados por Tiempo Argentino el último domingo no sólo provocaron escalofríos. Las actas que prueban las entrevistas que tuvieron Héctor Horacio Magnetto (Clarín), Bartolomé Luis Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón) con el jefe militar que mantenía cautiva a la familia del dueño de Papel Prensa, hicieron saltar de sus despachos a los ejecutivos de los dos grandes diarios. La noticia de la jugada empresaria llegó por la noche a través de la agencia DYN. Allí se informó que Magnetto y Mitre se presentaron ante el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza. E hicieron una serie de planteos con un epílogo: que si no se hace a lugar a sus exigencias, se “suspenda la audiencia de Rafael Ianover y toda otra recolección de prueba, hasta tanto una instancia judicial superior analice la cuestión”. La estrategia quedó al viento: dilatar y obstaculizar.
Según la agencia de noticias, que ayer funcionó como canal de comunicación oficial de los socios mayoritarios de Papel Prensa, Magnetto y Mitre presentaron documentación para respaldar su versión. Entre los papeles que le hicieron llegar al juez le entregaron un ejemplar del libro Papel Prensa - La Verdad, la síntesis de la investigación que presentó la presidenta Cristina Fernández hace dos semanas.
La presentación, como se dijo, llegó con exigencias. Magnetto y Mitre le pidieron al juez estar presentes durante la declaración testimonial que debía prestar Rafael Ianover, ex testaferro de David Graiver, torturado en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco y Pozo de Banfield. Un pedido extraño. Que coronaron con la pretensión de que si no se cumple, entonces deben suspenderse todas las actuaciones judiciales.
La declaración, a la que pidieron asistir, iba a realizarse mañana miércoles. Pero Rafael Ianover le confirmó a este diario que ayer pidió una postergación, porque ese día tiene turno para someterse a algunos estudios médicos. “Si el juez los autoriza a estar presentes, a mí no me importa. Me da lo mismo. Voy a dar mi verdad. Yo creo en la justicia”, aseguró Ianover.
Magnetto y Mitre se anticiparon a la presentación judicial que prepara la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, y que firmará como patrocinante el jefe de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. Pese a que todavía el documento no está terminado y no viajó a La Plata, el juez Coraza y el fiscal Romero ya tienen técnicamente la posibilidad de avanzar en la investigación. Los habilitó, sucesivamente, el juez en lo Comercial Eduardo Malde –al denunciar el contenido de las declaraciones de Lidia Papaleo y Rafael Ianover en una asamblea de Papel Prensa en la que narraron cómo habían sido presionados para firmar el traspaso de las acciones– y el magistrado Federal porteño Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y, antes de mandarle el expediente a su colega de La Plata declaró la “inescindibilidad” entre los hechos de privación ilegítima de la libertad y la “eventual comisión de delitos referidos a la transferencia” accionaria.
La noticia es que desde ayer los accionistas privados se consideran imputados. Una semana atrás, cuando Lidia Papaleo se presentó a declarar, todavía no habían reaccionado, aunque el abogado del Grupo Clarín intentó presenciar por la fuerza la declaración de la viudad de Graiver. La difusión de los documentos, hasta ahora secretos, que prueban que en las horas previas a los interrogatorios que padecieron los Graiver tuvieron reuniones con el general de brigada, Oscar B. Gallino, parecen haber introducido un cambio en la estrategia de los socios comerciales.
Por eso formularon el pedido para participar de todas las medidas de prueba que lleve adelante el juez. Aun si el juez Coraza decidiera, por ahora, no tenerlos como “parte” en la causa, la presentación del informe Papel Prensa - La verdad –que ambos le entregaron al juez– implica, en los hechos, una virtual autodenuncia. Algo así como expresar: “en este documento nos imputan y hay un decreto publicado en el Boletín Oficial que anuncia que nos acusarán. Si nos van a investigar, queremos ejercer el control desde el principio.”
El comunicado que difundió ayer DYN, en el que se señala que Magnetto y Mitre “pasaron a la ofensiva”, concluye con una confesión de parte y una amenaza: “Más allá del cuestionado informe, cabe destacar que la campaña oficial contra los nombrados y los medios periodísticos que integran, suma cada día nuevas mentiras y difamaciones propaladas a través del sistema de medios estatal y paraestatal, las que serán oportunamente llevadas a sede judicial.”
Las actas reveladas en la edición del domingo demuestran que el militar encargado de los interrogatorios a la familia Graiver en el centro clandestino de detención Puesto Vasco se reunió, en las horas previas a esas sesiones de tortura, con los directores y asesores letrados de Clarín, La Nación y La Razón. El objetivo de esos encuentros era “producir sendos informes” y “preparar los interrogatorios a celebrar el 11 de abril de 1977”. Todo quedó registrado en las órdenes que Oscar B. Gallino, general de brigada, oficial superior preventor, escribió y firmó el 7 y el 9 de abril de 1977.
En las actas no figuran los nombres de los representantes de los tres diarios que compraron a bajo precio las acciones de Papel Prensa. Pero Gallino especifica sus cargos: presidentes de directorio. Tal cual consta en el Boletín Oficial, en aquella época, esos sillones estaban ocupados por Magnetto, Mitre y Peralta Ramos.<

MAGNETTO Y MITRE PRETENDEN MARCAR LA AGENDA DEL JUEZ"

La directora estatal en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, sostuvo hoy que tanto el CEO de Clarin, Héctor Magnetto, como el director de La Nación, Bartolomé Mitre "pretenden marcarle la agenda al juez y están muy preocupados" por la declaración que prestará mañana Rafael Ianover, vicepresidente de la empresa en épocas de David Graiver, ante el juez platense Arnaldo Corazza.

Corazza tiene a su cargo la investigación del traspaso de acciones de Papel Prensa de los Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón ocurrido en 1976 durante la última dictadura cívico-militar.

Paglieri, quien apelará la suspensión en su cargo de directora de Papel Prensa -dispuesta por el juez comercial Eduardo Malde-, se refirió hoy a la presentación efectuada ayer por los directivos de los matutinos ante Corazza y dijo que: "Parece que a confesión de parte, relevo de prueba" en relación al pedido de Magnetto y Mitre de participar en la declaración que mañana hará Ianover.

"Están preocupados por la declaración de Ianover" aseveró Paglieri y aclaró que "éste es un procedimiento que recién comienza".

La funcionaria, designada junto a Eduardo Gallo y Pablo Cerioli para representar al Estado en Papel Prensa, aseguró que desde la presentación del informe "Papel Prensa: La Verdad", el 24 de agosto, "no se ha recibido observación alguna", aunque "fue puesto en Internet y está en conocimiento de todo el mundo".

Reiteró que el documento de 26 mil fojas "es muy contundente" y que "las personas involucradas están preocupadas y eso lo demuestra que ayer hayan ido a presentarse y pretender marcarle la agenda al juez".

"Son demasiados elementos los que constan", dijo Paglieri y consideró que se abre un proceso judicial "donde cada uno tiene derecho a defenderse pero no a través de los titulares (de los diarios)".

Además, desmintió que la operación de compra de Papel Prensa concretada el 2 de noviembre de 1976 -en plena dictadura militar-, haya sido "voluntaria y lícita" como ratificaron ayer los directivos de los dos matutinos en su presentación.

"Estas personas no estaban libres, habían sido visitadas por un grupo de tareas, ella (por Lidia Papaleo de Graiver) estaba amenazada de muerte. Declaró que Magnetto le dijo el 2 de noviembre del `76 que si ella no firmaba peligraba la vida de su hija y la de ella. La amenaza es parte de un mecanismo de terrorismo de Estado", insistió.

"No sé si Magnetto va a ir preso, pero tengo la certeza de que va a tener que declarar en juicio y si hay delito nosotros estamos convencidos de que el delito lo cometieron los diarios y no la figura que armaron que es esa empresa de paja (FATEL)", afirmó ante la consulta periodística.

Papel prensa,Más pruebas vinculan a Mitre y Magnetto con la dictadura

Los directores de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se reunieron con el encargado de las “investigaciones” bajo tortura a la familia Graiver para preparar “los interrogatorios a tomar el 11 de abril de 1977”, según publicó ayer el diario Tiempo Argentino a partir de cuatro documentos militares.

Se trata de Oscar Gallino, oficial superior preventor, a cargo en ese entonces de los tormentos del centro clandestino de detención Puesto Vasco y ex subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno de la zona 4, Campo de Mayo. También fue comandante de la represión en el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.

De acuerdo con el primer documento, del 7 de abril de 1977 firmado por Gallino, el militar recibió “a los directores y asesores letrados de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa”. En ese entonces, los directores de los tres diarios eran Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos, según los boletines oficiales del 7 de febrero y 14 de junio de 1977.

En el segundo informe, del 9 de abril, Gallino relata que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26% del total del paquete accionario”, con el objetivo de “producir sendos informes” y de preparar "los interrogatorios a tomar el 11 de abril de 1977”.

El “Ejército argentino” revela, en otro documento secreto, cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver para conocer en detalle las transacciones comerciales y así poder hacerse con el “botín de guerra”.

De esta manera, el jefe de los torturadores del Puesto Vasco le escribió al presidente del Banco Central para abrir una cuenta en el marco de “una investigación de carácter reservado, por orden de las autoridades superiores del Ejército” en la que iban a ser depositados “resultantes de amortización y rentas”. Lo cierto es que en esa nota, que data del 13 de abril de 1977, Gallino se aseguró el marco para hacerse depósitos de $2.130.000 en efectivo y $3.173.356 en cheques, además de títulos y acciones en diferentes empresas.

El 12 de abril secuestraron al vicepresidente del grupo, Rafael Ianover, el último eslabón, con lo que la junta militar puso en marcha un operativo para que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver.

Lo hizo al reconocer tener detenidos a los Graiver y su entorno, a quienes se les aplicó el artículo 2º del acta del 18 de junio de 1976, incisos a), d) y e) por lo que perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”, que desde entonces quedó en manos de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial.

El papel de la prensa. Ayer, el diario La Capital de Rosario publicó una editorial en la que denuncia ser “víctima de la situación monopólica” generada a partir de los precios diferenciales y el sistema de cupos que se aplican en Papel Prensa a partir de una política comercial impulsada por los matutinos porteños Clarín y La Nación.

“El perjuicio de la monopólica posición comercial de Papel Prensa para los diarios del interior es difícil de medir a lo largo de tantos años de inequidad”, sostiene el matutino santafesino, que dice: “Sin embargo, si se toman los últimos doce meses La Capital tuvo que erogar casi medio millón de dólares más para proveerse de papel en el exterior”.

“La Capital –dice el editorial– paga el papel chileno, polaco, finlandés o ruso, entre otros orígenes, a u$s719 la tonelada. En la Argentina, Papel Prensa lo vende a u$s635 la tonelada pero, seguramente, tanto a Clarín como a La Nación les cuesta aún más barato. Para cubrir la necesidad mensual de papel, este diario debe comprar 450 toneladas, de las que la empresa Papel Prensa sólo le provee menos del 20 por ciento. Las cifras son elocuentes”.

Fuente: El Argentino

Revelan que Magnetto Mitre y Peralta Ramos se reunian con torturadores

Tiempo Argentino dice que Magnetto se reunía con los torturadores de los Graiver
05 de Septiembre de 2010
Nacionales

El CEO del Grupo Clarín Héctor Magnetto se reunía con los torturadores de los Graiver, según una investigacion del diario oficialista Tiempo Argentino.

La investigación se basa en cuatro documentos rubricados por el general de brigada Oscar Gallino, oficial Superior preventor, a cargo de las torturas del centro clandestino de Detención Puesto Vasco, donde estaban secuestrados los Graiver.

La publicación es una más de la saga por la movida del Gobierno para culpar al Grupo Clarín de comprar Papel Prensa y despojar a sus anteriores dueños, el Grupo Graiver, en complicidad con la Dictadura Militar.
Los documentos que revela Tiempo Argentino fueron producidos los días 7 de abril de 1977 (uno de las 10.30 y otro de las 16.30 horas) y el 9 de abril de 1977 (8.40 y 20 horas, respectivamente), que describe las reuniones que realizan los presidentes de los directorios de los diarios Clarín (Magnetto), La Nación (Bartolomé Mitre) y La Razón (Patricio Peralta Ramos) con el general Gallino.
En esos documentos, detalla TA, se establece la participaciòn de los directivos de los diarios con los delitos de lesa humanidad.

“Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto. Hasta hoy”, dice TA.

“Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año”.

“Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos”.

“Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente”.

“El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa””.

“Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo”.

“Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)”

“En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver”.

“Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino”.

“Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reu-nían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos”

“En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.” Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura”

“Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico”, revela Tiempo Argentino.

“La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas”, señala.

“Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta””, precisa.

“Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos”, explica.

“Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?”.

“El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.
Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.””, dice el informe de Tiempo Argentino.

Papel prensa, vayan presos Clarin y La Nacion!

Fernández de Kirchner, presidenta argentina, denunció públicamente la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa SA por parte de los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura militar (1976-1983), y explicitó los acuerdos entre éstos y la junta militar que presidía Jorge Rafael Videla, al difundir un extenso informe basado en documentos originales.

Tras sancionar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que terminó con los oligopolios mediáticos y tras 33 años de silencios cómplices e impunidad, la Presidenta anunció que envió a la justicia esta información y al Parlamento un proyecto de ley que declara de interés público la producción de pasta de celulosa y papel para periódicos en este país.
¿Qué pasó en 1976? Los dueños de los tres principales diarios de esa época se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista, de la empresa que las permitiría monopolizar la producción de papel para diarios en la Argentina, una especie de dictadura contra la libertad de expresión.

En esa maniobra realizada en el tramo más brutal y fundacional de la dictadura, se apeló a la tortura y el secuestro de los accionistas originales de la empresa, y fue parte de la alianza estratégica entre la Junta militar y los personeros de los grupos económicos-mediáticos más grandes de la Argentina, que necesitaban del terrorismo de Estado para eliminar la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, garantizaban la prensa silenciada y medios cómplices de sus acciones.

La Presidenta fue más lejos: no se trata de un decreto de expropiación (que era quizá lo que esperaba la derecha), sino, con pruebas en mano (más de 20 mil fojas en el que se detallan los pormenores del despojo) apeló a la transparencia y puso el tema en el tapete político, en la agenda de los poderes legislativo y judicial. El proyecto legislativo insta a la formación de una comisión parlamentaria, con representantes de todos los partidos, para controlar el cumplimiento de lo que sería un trato igualitario que democratice la información.
Sin duda, el lenguaje periodístico-político opositor se ingeniará para calificar ese recorrido que democratiza la palabra como autoritario, arbitrario, totalitario, chavista, adelanta el analista Mario Wainsfeld.

Pero algunos dirigentes de la oposición fueron cautos: el radical Ricardo Alfonsín consideró que la mandataria “hizo lo que tenía que hacer” al presentar el informe ante la Justicia, pero prefirió no opinar “sobre la cuestión de fondo” por no poseer “elementos de juicio”. Coincidió con el gobernador socialista Hermes Binner, en respaldo a la decisión de concurrir a la Justicia para profundizar la investigación.

Este seguimiento parlamentario debe hacerse por medio de un marco regulatorio que nunca se hizo, dijo, y añadió que los miembros de esa comisión podrán participar como observadores de las reuniones del directorio de Papel Prensa. El objetivo es darle un trato igualitario a todos los diarios del país, buscando ampliar la capacidad de producción de Papel Prensa para que no haya más importación. Con esta decisión, la Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto esencial “para la libertad de prensa”, tal como fue definido por la propia mandataria.

Al comenzar su presentación, la mandataria mostró ante todos las portadas de Clarín y La Nación de ese día que dicen que el gobierno avanza sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa con lo cual están reconociendo, sostuvo, que ese control en realidad hoy está bajo los accionistas mayoritarios de esa Papel Prensa, que son ambos diarios.

La investigación de la Comisión Especial demostró cómo esos medios, que hoy mencionan el tema de la seguridad jurídica, firmaron la compra de las acciones a una familia, como la del banquero David Graiver, muerto en un sospechoso accidente en México en agosto de 1976, familia que luego sería secuestrada y torturada, y de otros empresarios que corrieron la misma suerte también a fines del 76 y principios del 77.

La presidenta se refirió a documentos donde los mismos directores de Clarín y La Nacióncuando pasaron a controlar Papel Prensa reconocieron los acuerdos previos con la junta militar, con la cual brindaron, como se registra en diversas fotografías de la época, en las que se ve a Bartolomé Mitre de La Nacióny a Ernestina Herrera de Noble, actual directora de Clarín, brindando con el dictador Videla.

Ambos directivos se beneficiaron luego de la quiebra del diario La Razón, en 2000, y mediante un pacto se aseguraron el control accionario de Papel Prensa, montando así un monopolio en perjuicio de todos sus competidores.
Cristina Fernández dijo que se demostró que Lidia Papaleo de Graiver, viuda de David Graiver, el dueño de Papel Prensa, fue forzada bajo torturas en el centro clandestino de detención Puesto Vasco a firmar la cesión de la empresa a sólo unos días de que la junta militar decidiera la interdicción de los bienes de esa familia, ya que una vez tomada esta medida no se iba a poder concertar la negociación. El objetivo de los secuestros fue que los Graiver ni sus socios cobraran siquiera el precio vil que le habían puesto a sus acciones.

El síndico general de la nación, Daniel Reposo, dijo previamente que el informe dejó al descubierto la connivencia de sectores del poder civil con la dictadura, apropiándose de bienes de personas en total estado de indefensión, como es el caso de Lidia Papaleo de Graiver, que más adelante fue detenida entre 1977 y 1982, años en los que fue reiteradamente torturada y violada.

“Estando desaparecida (…) me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral por los golpes que recibí”, declaró Lidia Papaleo durante la investigación.

Lidia fue obligada a vender las acciones de la papelera (las que le correspondía por la sucesión) el 2 de noviembre de 1976. “Lidia debía presentar un escrito ante el juez de menores, en representación de su hija, que era menor de edad. Pero el magistrado nunca aprobó la venta. Sin embargo, a los cinco días de firmar el último papel, la detienen”, contó la Presidenta. Eso fue en marzo de 1977.

La serie de irregularidades incluye la venta a una empresa de papel (valga la redundancia) como Fapel, que luego desaparece para surgir bajo los nombres de los compradores reales: los dueños de Clarín, La Nación y La Razón. Cristina Fernández recordó que 28% de acciones que minoritariamente posee el Estado no son de un gobierno, ni de este, ni de otros”, y pidió a la Procuraduría del Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos que hagan presentaciones judiciales con estos expedientes.

“Yo tengo la certeza de cómo sucedieron las cosas, pero son los jueces los que deben juzgar y los que pueden condenar. Creo en serio en la división de los poderes del Estado y en la posibilidad de superar esta situación que lleva 33 años de oscurantismo y ocultamientos”, concluyó.

“Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo”, concluyó la mandataria.
Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas monopólicas. El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticos, señala Wainsfeld en Página 12.

El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad. Mientras, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la misión de preparar la vía judicial, para terminar con tanta impunidad y demandar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad para beneficiarse económica y políticamente.

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Hay más papeles secretos sobre Papel Prensa

En abril de 1977, el general Oscar Gallino se reunía con los dueños de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar en el Pozo de Banfield a Lidia Papaleo de Graiver En abril de 1977, el general Oscar Bartolomé Gallino fue el instructor de los consejos de Guerra a los que la dictadura cívico-militar sometió a los herederos, socios y empleados de David Graiver, titular de las acciones mayoritarias de Papel Prensa. A dos días de la presentación por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del informe Papel Prensa - La Verdad, Miradas al Sur está en condiciones de afirmar que Gallino, un hombre de extrema confianza del dictador Jorge Videla (quien brindó con champagne con Ernestina Herrera de Noble cuando se inauguró la planta de la empresa en San Pedro), se reunió en por lo menos tres ocasiones con los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón pocas horas antes de someter a interrogatorio a Lidia Papaleo, viuda de Graiver, y otros integrantes del grupo Graiver en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Todos estos detenidos llevaban semanas de ser sometidos a torturas en el escabroso Puesto Vasco, donde el jefe de los torturadores era nada menos que el temible jefe de la Policía Bonaerense, el entonces coronel Ramón Camps.
La primera de esas jornadas –que tenía la modalidad de primero hablar con quienes ya se habían apropiado de Papel Prensa y luego con los humillados y despojados verdaderos propietarios– contó con la participación de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón. La segunda vez, Gallino se encontró con los representantes legales de los tres medios y el secretario de Industria de la dictadura, mientras que la tercera vez fue con propietarios y representantes legales juntos. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977 y cabe consignar que Lidia Papaleo había sido sometida a brutales torturas y violaciones hasta ser sentada frente a Gallino. La hipocresía de que aquel régimen brutal era una dictadura exclusiva de uniformados queda desbaratada ante la complicidad abierta que revelan estas reuniones, donde la sangre y las acciones de la empresa eran parte de una misma coctelera. Basta mirar las ediciones de esos tres diarios por esos días para verificar el entusiasmo con que los artículos de La Nación, Clarín y La Razón apoyaban al Estado terrorista.
Al gallinero. Gallino era un oficial de Inteligencia y uno de sus antecedentes fue haber comandado la brutal represión al Batallón 601 Domingo Viejobueno, donde un centenar de militantes del ERP murieron tras haber sido entregados por un agente infiltrado. Para ver la importancia que tenía, basta mencionar que cuando el general Roberto Viola asumió la presidencia, Gallino fue gobernador bonaerense.
La actual situación legal de Gallino es, por estas horas, muy interesante. Hace un año y medio que la Fiscalía Federal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata pidió su captura por su participación en el centro clandestino Puesto Vasco. Hace un mes y medio, la misma fiscalía le agregó otro pedido de captura, esta vez por su accionar en el Pozo de Banfield. Hasta el momento, ningún juez federal dio curso a estos pedidos.
Cuando Gallino se siente en el banquillo de acusados, deberá hacerlo ante el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 3 de esa ciudad, Arnaldo Corazza.
La fiscalía podrá preguntarle entonces a Gallino sobre la existencia de memos secretos, rubricados con su firma, donde constarían esas reuniones, así como otras mantenidas, en esos mismos días y antes de interrogar a los detenidos, con el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps. “Se trataría de una suerte de agenda o partes diarios de carácter secreto, relacionados con la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los Graiver”, dijo a Miradas al Sur una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa. Esos memos habrían permanecido durante años guardados en un viejo edificio perteneciente al Ejército, ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal. Vueltas de la historia, ese palacio fue ahora restaurado para ser la sede de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), cuyo secretario general es Néstor Kirchner.
Testimonios de ayer y de hoy. Mientras tanto, la instrucción de la causa “Secretaría de DD.HH. de la Nación s/denuncia” –que investiga la utilización del terrorismo de Estado contra integrantes del Grupo Graiver– avanza en la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata, a cargo de Hernán Schapiro y Marcelo Molina. Además del pedido de detención de Gallino, los instructores ya tomaron declaración a Osvaldo Papaleo –hermano de Lidia, la viuda de David Graiver– y a Rafael Ianover, testaferro de Graiver y vicepresidente de Papel Prensa, ambos secuestrados en la Operación Amigo, conducida por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Fuentes de la querella señalaron a Miradas al Sur que las declaraciones de Ianover y Papaleo coinciden casi punto por punto con los testimonios que ambos brindaron en 1986. En los próximos meses se espera tomar declaración al resto de los secuestrados del Grupo Graiver en Puesto Vasco y el Pozo de Banfield que aún están con vida.
Miradas al Sur tuvo acceso a las declaraciones judiciales realizadas en 1986 por Lidia papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Osvaldo Papaleo, y las empleadas Silva Fanjul y Lidia Gesualdi, entre otros integrantes de Empresas Graiver S.A. (Egasa) que estuvieron detenidos-desaparecidos en Puesto Vasco y el Pozo de Banfield. En aquella oportunidad, la viuda de Graiver relató su secuestro, el 14 de marzo de 1977. El registro judicial señala, en fojas 246: “Aproximadamente a las 21 horas golpearon la puerta, invocando pertenecer al Ejército Argentino, lo que hizo que se franqueara la entrada, ingresando varias personas de civil y armadas. Tras ser identificados todos los ocupantes, la dicente es esposada, junto con Lidia Gesualdi, la que es golpeada en ese momento. Inmediatamente se las conduce fuera del edificio advirtiendo que en un automóvil estacionado en la puerta se encontraba Silvia Fanjul. También son privadas de su libertad las demás personas que se encontraban en el departamento, a excepción de Bogany”. También describe las sesiones de tortura a las que fue sometida en Puesto Vasco: “Inmediatamente se la condujo a una suerte de cocina, se la desnudó, fue atada a un elástico de cama comenzándose la primera sesión de tortura mediante picana eléctrica. Aclara que le fue quitada la venda de los ojos cuando fue desnudada, por orden de su torturador, al cual entonces ve. Posteriormente –días después– se entera que se trataba del comisario inspector Alberto Rousse”, señala el expediente.
En aquella declaración, Lidia Papaleo no deja de consignar el interés de sus secuestradores por Papel Prensa. En fojas 247 está escrito: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban (cambio a foja 248) la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”.
De este mismo interés da cuenta Rafael Ianover en su declaración de 1986. Relata que fue secuestrado el 12 de abril de 1977 y llevado a Banfield. “Que recuerda que ello no le llamó la atención pues ya se encontraban detenidos los miembros de la familia Graiver” (fojas 221). “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que el día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223).
Las declaraciones que hace casi 25 años realizaron ante la Justicia Federal los integrantes del Grupo Graiver derriban los argumentos del Grupo Clarín cuando sostiene que las acusaciones de haberse apropiado de Papel Prensa en complicidad con la dictadura son un “invento” o una “causa armada” por el Gobierno .
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